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En peligro derechos a la seguridad alimentaria, a la propiedad privada y a la libre empresa |
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"Nunca se ejerce tan bien y tan plenamente un derecho como cuando se ejerce por deber"
Numa Boudet (Pensador francés)
Los veintiséis decretos-leyes impuestos por el presidente Chávez inconsultamente, gracias a la Ley Habilitante de sometida una Asamblea Nacional, ya fueron derrotadas el 2D de 2007, pero entre ellas tienen particular gravedad las concernientes a las seguridad alimentaria, a lo amenazante que son para la propiedad privada y la libre empresa.
Ya comenzaron a instrumentarse procedimientos policiales contra sectores empresariales como ocurrió el pasado lunes, en una de las principales cadenas de supermercados del país.
Los venezolanos parecen sumidos en algún tipo de alucinación que no les permite percibir el alcance de lo que está en juego para todos como es la soberanía agroalimentaria y el libre acceso de los ciudadanos a bienes y servicios.
La voz de alerta del presidente de Cavidea, Pedro Barybar, ha sido contundente: toda la seguridad agroalimentaria de este país está siendo sometida por el Gobierno centralizador. No son exageraciones, son realidades.
El Gobierno ha sostenido que estas leyes fueron sometidas a consulta, totalmente falso, primero fueron empaquetadas dentro de una Ley Habilitante, segundo,se aprobaron el último día de esa Ley habilitadora y que mejor ejemplo que Cavidea, el emporio empresarial privado que maneja el complejo alimentario del país, Cavidea, jamás fue consultada, no obstante una serie de ofertas de origen oficial que jamás se cumplieron y se habló inclusive de una inversión de 2.500 millones de bolívares en los próximos diez años. Todo se fue en palabras.
Apoyándose en nuestra Carta Magna, es la razón por la cual Cavidea se basa en garantizar la soberanía del consumidor en las decisiones que éste tenga sobre su alimentación e igualmente, como lo establece la Constitución, cumple el sector privado porque el papel que le corresponde al Estado es de promotor.
La empresa privada compite para darle mejores precios al consumidor, pero no a costa de la rentabilidad de las empresas porque son capitales que no estatales, que tienen dolientes y que existe una oferta de libre selección e impide la escasez porque el objetivo es que se amplíe la diversificación de los productos.
Las nueves leyes son retrógradas, nos llevan de regreso a una mayor intervención centralizadora del Estado a lo largo de toda la cadena de comercialización y limitación de los productos.
Estas dos leyes son inaceptables y por lo tanto Cavidea, en nombre del sector privado, recurrirá ante el Tribunal Supremo de Justicia para que declare inconstitucionales tales legislaciones.
¡Así lo esperamos!
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